Lima, 4 jul (Prensa Latina) Una ley aprobada hoy, que favorece la impunidad de crímenes de lesa humanidad, sufrió hoy un temprano revés al anular la Corte Suprema peruana la prescripción parcial de un importante caso de esos graves delitos.
El Poder Judicial informó que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la resolución de una corte menor que declaró prescrito el delito de asociación ilícita para delinquir, alegando que no figura entre los crímenes imprescriptibles, en el juicio contra el exgobernante Alberto Fujimori y quien fuera su asesor, Vladimiro Montesinos.
Ambos son acusados de ser autores mediatos de la matanza de Pativilca de ocho campesinos secuestrados y torturados -similar a otras dos cometidas por un destacamento militar ilegal por lo que fueron condenados años atrás-, y de descartarse el citado delito, quedarían impunes.
El fallo dictado hoy se hizo público horas después que el parlamento ratificara la aprobación de una ley por la cual prescriben todos los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, año en el que el Estado peruano se adhirió a la Corte Penal Internacional y quedó sujeto a la imprescriptibilidad de esos crímenes atroces.
La nueva ley corta o anula los juicios a militares, policías y exfuncionarios acusados de delitos de esa gravedad cometidos durante el llamado conflicto interno (1980-2000), como la masacre de Pativilca, de 1992, y otras dos cometidas en el citado lapso.
En la medida que las leyes que benefician al reo tienen efecto retroactivo, permiten también la libertad de condenados por esos crímenes perpetrados durante esos 20 años.
La ley, aprobada por un Congreso cuyos detractores consideran ilegítimo porque es desaprobado por la ciudadanía en forma casi unánime, fue condenada por las organizaciones de derechos humanos, juristas y otros sectores.
Además, contradice a la juridicidad internacional a la que se sujeta el Estado peruano, pues el primer ministro, Gustavo Adrianzén, rechazó en forma vehemente el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los poderes estatales peruanos, de que se abstengan de aprobar la ley.
El abogado Carlos Rivera, experto en derechos humanos, acotó que los jueces tienen la potestad, ya ejercida en años anteriores ante intentos de amnistía para violadores de derechos humanos, de negarse a aplicarla.